TÍTULO DE COLUMNA: EL EQUILIBRIO DEL TREN: Libertad de expresión.

Esta semana pasada ha comenzado en el Congreso de los Diputados el trámite para reformar el Código Penal, en el que se pretendía incluir, entre otros, la derogación del delito de apología del terrorismo, los ultrajes a España, el Rey y la Bandera, las injurias y amenazas a los Ejércitos y a las Fuerzas de Seguridad…, trámites con los que el partido de Gobierno se encuentra muy en la línea de aceptación y que demuestran que, Sánchez debe pagar un peaje a sus apoyos en la votación de la moción de censura y ahora de los próximos presupuestos y que, quien sea, le tiene cogido por salva sea la parte.

El sostén de esta propuesta pretende basarse en el principio constitucionalmente reconocido en el artículo 20 de la Constitución  y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que reconoce y protege los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, no pudiendo restringirse ninguno de estos mediante tipo alguno de censura previa. Ahí podría quedar incluido que en uso de su libertad de expresión el Parlamento catalán ha aprobado una moción para declarar la abolición de una institución “caduca y antidemocrática” como la monarquía.

Lo cierto es que la propuesta trata de utilizar el criterio de la libertad de expresión para poder dar barra libre a cualquiera, para que disponga de impunidad total para vejar y humillar a España y a sus valores constitucionales. O para que, en uso de esa libertad, deje de estimarse el legítimo derecho de que las instituciones puedan ser defendidas por la seguridad del estado. Ya no sería necesario el Tribunal de Estrasburgo para decirnos que se condena a España por violar la libertad de expresión de dos jóvenes que quemaron fotos del Rey.

Muy bien. Pero si esta propuesta prosperase, habría que marcar de nuevo los límites de la libertad de expresión, ya que no puede tratarse de un derecho absoluto. Ahí el gobierno, con su vicepresidenta a la cabeza, tendría mucho que decir regulando lo que pueden o no decir los periodistas. O hasta donde llega la libertad de expresión de la exministra Tejerina.

Despenalizaríamos el insulto al Rey y la Bandera, pero penalizaríamos el piropo. Despenalizaríamos quemar fotos del Rey y penalizaríamos las investigaciones a los currículos de los miembros del gobierno o los carteles de anuncios de Conciertos solidarios, como el de “Bomberos a favor de ELACyL”, si parecen poco comprometidos con las actuales tendencias anti machismo.