BIENESTAR Y BIEN COMÚN.

Después de la guerra que nos llevan dando el PP y el PSOE con que, si yo quiero el pacto a tres que me ratifique en el poder o, yo quiero un pacto progresista -o a la valenciana-, que me haga ganar un puesto que previsiblemente no ganaré si no es de esa manera, a falta de menos de quince días para que se haya decidido todo y que los españoles (con ganas y cumplidores) tengamos que volver a las urnas para volver a decidir cuál de estos señoritos que se presentan está capacitado para gobernarnos, a estas alturas todavía no sabemos nada. Y seguimos esperando que alguno baje sus pretensiones personales y por fin se dirija a la población y pregunte ¿Qué queréis? Esa sería la pregunta adecuada a hacer a los españoles que pretendemos que el país funcione.

Y ¿cuáles son los motivos que invocan estos políticos para mantenernos en esta tesitura? Pues que nosotros hemos ganado las elecciones, que yo también quiero ser presidente, que la progresía no merece a grupos que no lo sean, que tú eres no sé qué, que yo soy mucho mejor que tú, y que blablablá. La realidad es que ninguno de estos dos grupos se merece otra cosa que renovar el voto para que sea el elector quien les ponga en su sitio. Lástima de la millonada de euros (he oído que siete) que cuesta hacer unas elecciones generales. 

Y ¿que buscarán estos políticos para no haber llegado en cinco meses a solución alguna que ponga cemento sobre ladrillo al supuesto edificio que quieren construir? Quizá busquen el bien común, esto es, aquello que se comparte para beneficio de todos los miembros de la comunidad. Tal vez el bienestar social cómo factor que activa la calidad de vida de la persona y sustenta su satisfacción. Cualquiera de ellas es válida y aplaudible, pero lamentablemente por lo que se ha visto, sólo buscan como objetivo único su bienestar personal, esto es, las cosas que necesitan para vivir bien. 

Pero, descansemos. Por fin una noticia podría dar la vuelta al circuito mediático en que están insertados en la actualidad estos líderes políticos. En Burgos, se ha producido algo que pasará a los libros de ciencia política como de aprendizaje obligatorio para la previa adquisición de la categoría de político. Un acuerdo entre PP y PSOE ha desbloqueado el marasmo en que se encontraban ambos grupos y que amenazaba con paralizar la mayoría de los compromisos adquiridos con los ciudadanos. No todo es azúcar, pero vamos por el buen camino. Ciudadanos y la izquierda dura, por supuesto se han abstenido o han votado en contra. Pero el acuerdo ha seguido adelante, ello sin pedir que el concejal jefe del partido en la oposición sea el que encabece la opción progresista. Ya llegará su turno. Al Cesar lo que es del Cesar.

Dimisiones.

En los últimos años nos hemos ido encontrando con personajes que, perteneciendo al mundo de la alta política, han sido pillados con el carrito de los helados y voluntaria o forzosamente han debido presentar su dimisión tanto de sus cargos públicos como de los del partido. 

Cuando en 2014 el Señor Granados puso a disposición del partido, su cargo de senador y de diputado regional, algunos pensamos que podía estar surgiendo un principio de comparación de este, nuestro país de pandereta, con las grandes democracias del entorno en las que, antes de que unas acciones pudieran salpicar el buen hacer de una administración o –incluso- de un partido, ya estaban los cargos a disposición.

El ejemplo parecía haber cundido. No hacía mucho tiempo, Karl Guttemberg, ministro de Defensa alemán, se había visto obligado a dimitir tras ser acusado de copiar su tésis doctoral. Repito, tras ser acusado. No parecería, a priori, un delito de los de lesa humanidad, pues cosas mucho más graves se habían visto, cuando surgió el caso de Annette Schavan, ministra alemana de Educación y Ciencia, qué –vaya epidemia- igualmente fue pillada infraganti también por un escándalo de plagio y también dimitió. Otros casos en diferentes países del entorno han tenido similar resultado, por no hablar de los impeachment del sistema americano.

Pero en España, en un tiempo en que los casos de corrupción nos están asolando y que no dejan de salir constantemente casos de personas que, supuestamente pueden estar implicados en cualquier tipo de corruptelas, no tenemos manera de que esos esos presuntos implicados dimitan antes de que puedan hacer un daño irreparable al país, gobierno o partido. Hace nada, surgió la noticia de que a Torres Hurtado, alcalde de Granada, le habían acusado de participar en una supuesta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento y él, sencillamente ha dicho: No dimitiré. ¿Quieren que lo diga más fuerte? NO”. Vaya poderío. Afortunadamente para la sociedad, a estas fechas el ínclito señor Torres ya lo ha dejado. 

Casos como éste, el de la senadora Barberá o ¿por qué no?, el del concejal Gómez en el Ayuntamiento de Burgos, soportado por propia decisión del alcalde, ponen en entredicho el buen funcionamiento de la democracia. Si a alguien se le conoce defecto que pueda redundar en un buen funcionamiento de la limpieza que se le exige a un servidor público, debe dimitir. De todo y de todas sus funciones públicas.

Por eso mi brindis por la decisión tomada por el ya, exministro José Manuel Soria quien, renunciando a sus funciones como ministro, a su acta de diputado y a la Secretaría General del PP canario, ha anunciado que abandona la vida política tras los errores cometidos en relación a la aparición de su nombre en los papeles de Panamá. 

No discuto su responsabilidad en esos papeles o en esos errores qué, quizá la tenga. Sencillamente me congratulo porque acaso suponga empezar a cundir con el ejemplo. 

Cuñadismo.

La última temporada ha venido a ser la mejor. Los partidos no han podido/sabido/querido hacer algo serio para que nuestra política social y económica no se vaya al garete, por lo que llevamos –de momento- cinco meses sin gobierno, que no quiere decir de desgobierno, pero todo se andará.

La cosa es que no habiendo otras cosas mejores de que hablar o decir, sus señorías han hurgado en el fondo de sus forros buscando algo con que salir del paso que les dé un margen de tiempo que, a estas horas ya no tienen. Unos y otros han buscado el término correcto y han encontrado uno, antes caduco y trasnochado, pero ahora con turgente vigencia. Por arte de magia hemos recuperado el cuñadismo. Ha tenido que ser Pablo –otra vez Pablo- quien ha vuelto a la vida un término que dejó de ser actual hace la tira de tiempo. Eso sí, hubiera sido feliz de haberle podido tirar toda esta exposición de cuñadismo a Rajoy, pero cómo éste, estaba allí callado y quieto como un poste, Pablo se ha tenido que conformar con Albert. 

Quizá se pregunte el ávido lector que puede entenderse por tal término. Según la reconocida definición de ciertos políticos emergentes, se trata de colocar a dedo en lugar preferente o dar prebenda familiar a conocido ya sea como favor o como concesión. Este término, entendido como algo etéreo, que no tiene –en principio- connotaciones familiares, aunque las pudiera tener, no tiene ideología alguna. El cuñadismo es tanto de izquierdas como de derechas como de centros reformistas y aparece en personas, instituciones, ayuntamientos o políticos en general que, por el mero paso del tiempo adquieren el mal llamado gen cuñado. 

Antiguamente, eran los términos de nepotismo o enchufismo los que estaban al orden del día. Carmena o Colau colocando a sus parientes más cercanos en puestos de responsabilidad de los ayuntamientos que dirigen, ahora practican el cuñadismo. Pero, cuidado, no todo el cuñadismo es colocación de personal en puestos de responsabilidad. También los ayuntamientos que permiten que uno de sus concejales pida el relevo de todas sus responsabilidades de Gobierno aunque siga manteniendo su acta de concejal dentro del grupo del Partido son candidatos a incorporarse inmediatamente al cuñadismo. 

No menos hacen los partidos políticos cuando, con ocasión de unas elecciones, descargan en las capitales a aquellos que vienen a desagraviar a las ciudades y para los qué, se ha acuñado el término de paracaidistas. Véase entre otros el caso del diputado de Podemos por Burgos -parte de la cúpula más cercana a Pablo Iglesias- que aterrizó desde Madrid y que ha estado muy centrado en tareas políticas mucho más allá de la región. Cuñadismo puro. Ahora bien, en su descargo, decir que ha sido aquel a quien le puso ojitos la popular Andrea Levy.

NON GRATA.

La Convención de Viena de 1961 permitió a cualquier Estado, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar a otro Estado qué, el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión era persona non grata, en ese país. Esta vía fue utilizada por España en 2010 para expulsar a dos miembros de la embajada rusa en Madrid.

Posiblemente las intenciones de la Convención eran otras y para otros motivos, pero ahora nuestros ayuntamientos dotados de una nueva fuerza moral (la nueva política) se han sentido imbuidos de ella y se han tirado al surco de la ingratia, declarando non gratos a todos aquellos que, desde su punto de vista no son dignos de merecer el derecho a pasearse alegremente por los jardines de las plazas de los pueblos y ciudades.

La carrera por marcar la ingratitude la inició el Ayuntamiento de Vitoria quien declaró non grata durante dos horas a la ministra de Fomento, Ana Pastor. Luego, el Ayuntamiento de Berga en Barcelona declaraba persona non grata al Rey Juan Carlos I. El Ayuntamiento de La Robla declaró igualmente al ministro de Industria José Manuel Soria. Luego vino el de Pontevedra, declarando lo mismo al presidente Rajoy... y lo que te rondaré morena. 

Lo que deberían plantearse los ayuntamientos es que están para servir al ciudadano; que estos exabruptos no son más que un dispendio de dinero que sale del justiciable y que deberían estar a lo que están, reparando que esa opción, no tiene ninguna consecuencia jurídica, significando únicamente que no son del agrado de los miembros del órgano que optó por darles tal distinción. 

Pero, se preguntará el lector atento, ¿cuáles son los méritos que se irrogan éstos ayuntamientos para poder declarar unilateralmente que una persona es non grata? Supongo que la falta de otras actividades de mejor hacer. O, ¿Qué validez real tiene semejante calificación? Es evidente que ninguna. Y por supuesto, ¿cuáles son las consecuencias para los declarados no gratos a la hora de pasear por la plaza del pueblo? ¿Se les escupirá a la cara?, o ¿se les insultará como a los apestados? No sabemos. 

Lo cierto es que los ayuntamientos han cogido carrerilla y se han subido al tren de la ingratitud para sacar partido del eco mediático que pueda tener una declaración de tal magnitud, sin pensar que hacer público que alguien es non grato -sin ser en vía diplomática- no es más que un pedo al viento.

La pena es que aprovechando estas inquinas, los ayuntamientos se han lanzado a hacer valer su nuevo poderío y ya ha comenzado el de Ferrol solicitando a su pleno una declaración al Gobierno de un plebiscito con el que cuestionar la vigencia de la monarquía y poner en marcha una república gallega. Vamos, Vamos.

¿Qué será lo siguiente? Dada la enjundia en que se encuentra el porvenir de nuestra política nacional, cualquier cosa nos extrañaría más que ver a sus señorías lanzándose, de por sí o por medio de sus partidos políticos, a emitir una declaración de non grato a cualquiera que se les pudiera poner por delante. 

Así, aprovechando la coyuntura, los partidos podrían declarar non gratos a sus miembros díscolos. Podemos declararía non grato a Errejón o a Sergio Pascual por rajar de Pablo Iglesias, el PP lo haría de Rita, Bárcenas o de Gómez de la Serna y quien sabe lo que podría llegar a pensar Susana Díaz.