La
primera noticia que tuve sobre un juez burgalés llamado Llarena vino de la mano
de mi buen amigo Fernando. En mitad de alguno de sus chistes (algunos muy buenos)
me comentó que un amigo suyo perteneciente a la carrera judicial había sido
nombrado instructor del procedimiento para determinar si ciertos políticos
catalanes que habían firmado y refrendado una declaración de independencia debían
ser puestos a disposición judicial y posteriormente a instituciones
penitenciarias. Recuerdo especialmente que me dijo de él que tenía gran capacidad de argumentación jurídica y que no cabía duda de la
legalidad de su currículo o
su capacidad opositora.
Resulta
que lo último que se ha dado a conocer de su personalidad es qué, como muchos
de nosotros, tiene pasión por las motos. Esto ha valido para que una frase
pulule por las redes sociales: “¿La justicia a lomos de una Harley?” No lo sé,
pero seguro que eso ha ayudado a que no le afecten las coacciones emocionales y personales o el ruido realizado desde cierto
sector de la opinión pública catalana, en relación con el encarcelamiento
de los políticos catalanes incursos en aquella declaración de independencia de
la Comunidad Autónoma.
Por
si fuera poco, lo último (que se sepa) a cargar sobre sus hombros es la demanda
que ha presentado contra él, en Bélgica, uno
de los abogados de Puigdemont acusándole de falta de imparcialidad y de vulnerar su presunción
de inocencia. Por supuesto el juez belga de instancia la ha admitido a
trámite y directamente le ha citado para comparecer ante aquella justicia. De Perogrullo, vamos.
De recibo hubiera sido que nuestro Ejecutivo hubiera puesto
el grito en el cielo defendiendo a capa y espada a su juez ante semejante
desvarío, pero, al contrario, el Gobierno, en primera instancia, dudó sobre la no pertinencia de esa citación
belga. Llarena se ha visto obligado al amparo al CGPJ. ¡Qué vergüenza!
Los políticos españoles, que no parecen tener
claro que el Tribunal Supremo es el máximo órgano en el sistema judicial español,
han debido “pensar “antes de dar como solución que contratarían un despacho de
abogados en Bélgica para defender los intereses de la justicia española y de
nuestro juez. El Gobierno ha pensado en gastarse 500.000€ en abogados -los nacionalistas han saltado de sus sillas- sin pararse a pensar que en
España hay más de 150.000 abogados ejercientes para quienes, en gran mayoría, sería
un honor hacerse con tal defensa sin que los honorarios supusiesen un
inconveniente. No dudes juez que la justicia prevalecerá, pero de momento me
conformo con qué si algún día nos encontramos en la carretera, bajemos la mano izquierda y haciendo una V con
los dedos, nos
hagamos el saludo motero.
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