CHISGARABISES.

Perdón por la autocita, pero ya dije anteriormente en estas mismas líneas que la ley es dura pero es la ley, que hay que cumplirla y además está precisamente ahí para eso.

La Generalitat de Cataluña ha echado de nuevo el órdago y lo mantiene exigiendo al gobierno central que acepte y admita una votación que a todas luces es ilegal. El gobierno central se niega y los otros en plan “pa cojones los míos” miran directamente a la cámara, de manera desafiante, como diciendo “a ver lo que me puedes echar encima, que yo voy a tirar para adelante”. El gobierno, ante tamaña provocación sale a la palestra y anuncia que se tomarán las medidas coercitivas que sean necesarias contra Cataluña si se convoca el referéndum. Parece que es la misma historia de siempre.

No sabemos cuáles son esas medidas, ni nos las podemos imaginar, pero no parece que se quiera hablar de una aplicación directa del artículo 155 de la Constitución, sino más bien un poco de mantequilla y continuar con lo que ya había: les castigaremos con el látigo de la indiferencia.

Evidentemente, era preferible que antes de tener que aplicar o poner en marcha unas medidas que no se conocían, el Estado hubiese regulado cuantas y cuáles fueran las medidas necesarias a tomar y, sobre todo, cuando iban a ser necesarias.

Cuando los siete Padres redactaron la Constitución, eran tiempos del atado y bien atado y así lo quisieron dejar, atado y bien atado, con la redacción de un texto de garantías que se sancionase a sí misma la pervivencia y la perdurabilidad en el tiempo. Ha durado casi cuarenta años sin que fuese necesario desarrollar aquel artículo, pero parece inevitable que ante una realidad como ésta, -no olvidemos que el referéndum es para hacer una secesión- se hace evidentemente necesario un desarrollo que deje negro sobre blanco lo que se juega cada uno en un desafío de estas características y que luego nadie se llame a engaño. Nada es más duro que hacer algo sabiendo que sus consecuencias están perfectamente reguladas y reglamentadas y que ante un incumplimiento flagrante, la Ley caerá encima del incumplidor con todo su peso, sin posibilidad de recurso. Lamentablemente, el resultado, sea cual sea supondrá, como mínimo, un compromiso para los sufridos ciudadanos que deberán decidir en qué lado colocarse, por el reconocido sistema del frotamiento duro. Al final va a tener razón Mariano cuando ha dicho que los que promueven estas sinrazones son chisgarabises y que, sean cuales sean, lo que se debe evitar es que lo sufran los ciudadanos.