21/12/2018.
Sí. Esta es la fecha en que Pedro Sánchez se ha planteado,
atrevido, osado, trasladar a su Consejo de Ministros desde su placentera ubicación
en el Congreso de los Diputados a la Casa Llotja de Mar de Barcelona. Lugar todavía
con posibilidades de no ser el definitivo.
Sánchez, a quien, desde algún punto del Parlamento, le habían apretado
fuertemente las partes, ha pedido una reunión con Torra, pretendiendo llegar a
Barcelona como si se tratase de un Papa Noel adelantado, llevándole incluso
regalos en forma de dinerillo, mejoras en pensiones o ventajas fiscales, pero
éste no muy convencido de las bondades de tal reunión, ha declinado la
invitación, diciendo que no es una visita “muy conveniente”. Las opiniones
sobre la oportunidad de tal convocatoria o su relevancia política o, la más
preocupante, sobre las condiciones de seguridad del acto, no se han hecho
esperar. Tres cuestiones parecen fundamentales a la hora de evaluar esa
decisión. La primera sobre la relevancia política de montar un Consejo de
Ministros fuera de Madrid. Parece del género “perogrullesco” que el jefe de
gobierno español puede declarar de interés para la nación o para cualquiera de
sus partes que el Consejo se celebre en tal o cual sitio y por supuesto, es
evidente, que cualquier parte del estado está en el mismo derecho de albergar
la cuna de la democracia y del estado social y democrático de derecho. El
Gobierno español puede ponerlo dónde le dé la gana porque España es toda ella una,
grande y libre. Por lo que, por ahí, acertado. Por otra, la cuestión meramente
económica. La que entiende la gente de la calle. ¿Cuánto costará esa genialidad
presidencial? ¿He oído 300.000€? Marlasca ha dicho que va a mandar 5.000 policías
y guardias civiles para apoyar a los 17.000 mozos y completar el dispositivo de
seguridad. Buff. Parece mucha policía y con ello mucho gasto.
Y, en tercer lugar, la evidente situación de peligro ínsito en la situación
política que se vive en Cataluña. Los llamados comités “cdr” han llamado a la
batalla, ostentando como enseña que el estado debe recular como sea,
pretendiendo incluso asaltar el parlamento catalán o anular el juicio del
“proceso”. Es evidente que para controlar eso, las fuerzas policiales deberán hacer
algo de fuerza. Además, que haya sido el honorable presidente quien ha llamado
a la guerra, desaconseja o por lo menos plantea dudas sobre la conveniencia de
su mantenimiento. En fin. De concluir, decir que cualquiera de las provincias
de Castilla y León estaría orgullosa de ser titular de la constitución de un
Consejo de Ministros en sus ciudades, pero…, no sería tan emocionante.
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