Me
pasan un whatsapp con las preguntas que se han hecho a los colegiales que han
sido llamados a la prueba de reválida de final de la etapa de primaria. Tengo
que reconocer que el nivel que se les ha exigido es ciertamente elevado, pero
también soy consciente que tal materia no era otra que la que resumía todo lo
que habían estudiado en los últimos cursos.
Entonces, ¿cuál ha sido el motivo
de que estas pruebas hayan nacido con tanta polémica? Ha contado con
dificultades de todo tipo. Desde la validez de su temario, hasta las fechas en
que se ha debido realizar. Se ha discutido sobre sus efectos y sobre todo si éstos
tendrán algún tipo de consecuencia en el posterior devenir de los alumnos a lo
largo de su carrera educativa. Razones poderosas y seguramente tan discutibles
que han llevado a ciertas Comunidades Autónomas a negarse a que se realizasen
en su territorio.
Sin
embargo, sea como sea, estas pruebas nacen al calor de una Ley. Al calor de la LOMCE, que es
el marco normativo que sostiene la obligatoriedad de esas pruebas. Suficiente
para qué, como una más de las infinitas normas legales que regulan la vida y
milagros del justiciable, se cumpla sin dilaciones ni disculpas.
Parece de
Perogrullo, pero en este caso se ha dado una excepción. Una gran mayoría de las
Comunidades (once en total) se han negado a que sus escolares hicieran las
pruebas que la Ley demandaba. Los
motivos y argumentos, no por innegables dejan de ser ilegales. Da igual porqué, la Ley se cumple y luego se reclama, si es menester. Lo contrario sería una
tácita autorización para poder cuestionarla y con ello el estado de
derecho.
Es patético ver a un presidente de Comunidad Autónoma explicando los
motivos por los que no cumple la Ley. Hubiera estado bien oír la gloriosa
opinión de los representantes de PSOE o de Podemos sobre tal incumplimiento.
Esta infracción deberá tener su corolario en algo más serio que el propio
ministro quitando importancia a tal insumisión legislativa con un “ya les
buscaremos otra fecha para que la hagan”.
Al
contrario, seis Comunidades Autónomas, todas
gobernadas por gobiernos del Partido Popular, han realizado estas pruebas. ¿Quiere
esto decir que el PP ha dejado de lado sus problemas internos y se ha apuntado
al cumplimiento de la Ley? Ojalá. Parece que la cuestión, una vez más, vuelve a
ser si se debe exigir el cumplimiento de la Ley y, sobre todo a quien. El
cuestionar el cumplimiento de la Ley, de cualquier Ley, además de sus propias
consecuencias vulnera el principio de igualdad con aquellos que sí la cumplen.
Si
no atendemos al estado de derecho acabaremos haciendo buena la reflexión del
gran Groucho Marx "Estos son mis principios. Si no le gustan tengo
otros”.
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